Durante decenios, las políticas de desarrollo en México no dieron importancia a los costos económicos y sociales del crecimiento demográfico. La desigual distribución territorial de la población, el impacto de las actividades productivas y la urbanización sobre la calidad del aire, el agua y los suelos, ignorando las implicaciones de la degradación y destrucción de los recursos naturales, provocaron el surgimiento de graves crisis ambientales, especialmente en las zonas metropolitanas, así como la degradación de los suelos provocada por la deforestación en las zonas rurales.
Ante el creciente reclamo de la sociedad civil por la aparición de estas crisis, en la década de los setenta se crearon las primeras instituciones para atender los problemas derivados de la contaminación: en 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental; en 1972 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, en el marco de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, y en 1976 se estableció la Dirección General de Ecología Urbana dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Sin embargo, el concepto de desarrollo sustentable como tal comenzó a dársele importancia en México hasta finales de los años ochenta, gracias al trabajo realizado por grupos de investigación que lo impulsaron desde la academia y la postura oficial de cumplir con acuerdos internacionales que proponían su implementación, transitando de esta forma hacia una segunda etapa de creación de nuevas dependencias y leyes para la realización de este proceso orientado a la sustentabilidad a nivel nacional y local.
Aunque el primer antecedente en el país data de 1983, cuando se creó la Subsecretaría de Ecología en el seno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con lo cual se asignaron nuevas responsabilidades y se reagruparon funciones vinculadas con el medio ambiente que se encontraban dispersas en distintas dependencias federales, fue en 1988 cuando el proceso mundial agitado por el “Informe Brundtland” abre el tránsito hacia la sustentabilidad y de manera particular hace eco en México con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para propiciar un marco institucional más articulado entre las políticas sociales y ambientales. Poco tiempo después la Subsecretaría de Ecología separó sus funciones de normatividad y las de inspección y verificación, dando origen al Instituto Nacional de Ecología (INE) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En el mismo año también se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
En 1994, México da un gran salto institucional con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), lo que fortaleció la gestión gubernamental considerando la conservación ecológica y el uso sustentable de los recursos. En el 2000, la SEMARNAP pasó a ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el ámbito de responsabilidad de la pesca fue absorbido por el sector agropecuario. Y a partir de ese momento se han producido diversos cambios en la ingeniería institucional del sector gubernamental asociado a la gestión ambiental, los cuales buscan responder mejor a las complejas tareas que supone esta actividad.
Además del fortalecimiento que se le ha dado al marco institucional con la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el año 2000 y la Comisión Nacional Forestal en el 2001.
Sin embargo, para establecer la prioridad del desarrollo sustentable se requieren cambios institucionales en diferentes planos que permitan operar y concretar con eficiencia las decisiones de política integradas que vayan más allá de las jurisdicciones secretariales, es decir, estos cambios deben implicar a todos los sectores y a los tres órdenes de gobierno.
Lo anterior debido a que el modus operandi de las estructuras estatales tradicionales para la formulación de políticas públicas sigue predominando y resulta inadecuado para inducir el tránsito al desarrollo sustentable, ya que reproduce una dinámica institucional que no favorece la información al público, la transparencia de la gestión y la rendición de cuentas, así como la participación efectiva de los agentes interesados y la definición de metas viables calendarizadas sujetas a escrutinio y el cumplimiento de la normativa y de las políticas.
En México, la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos naturales ha sido creciente. El Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha estimado a través del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) que los impactos negativos mediante la determinación de los costos totales por agotamiento y degradación ambiental, en 2016 fue equivalente a 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta medición se expresa mediante el Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE), un indicador que permite identificar el impacto que tiene en la economía el uso y deterioro de los recursos naturales a causa de las actividades económicas de producción, distribución y consumo.
Aunado a ello y de manera sincrónica, los aspectos sociales se han deteriorado notablemente desde la implementación del modelo económico de apertura internacional y la emergencia de la política neoliberal a partir de 1982. Este deterioro se ha manifestado principalmente en el debilitamiento del empleo formal y del poder adquisitivo de los salarios, en la pérdida de calidad de los servicios de atención a la salud y la educación, así como en el aumento en el costo de la vivienda.
Para valorar esta problemática, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) creó el índice de marginación que da cuenta del estado que guardan las condiciones sociales estatales y municipales. En el año 2005 el porcentaje de población urbana con índice de marginación muy alto fue de 5.1% y con índice de marginación alto de 15.8%, mientras que para el año 2010, el porcentaje pasó a 4.6% en el nivel de marginación muy alto y a 20.1% en el nivel alto; dando esto muestra de lo señalado anteriormente sobre el cada vez mayor deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población. Continuando con lo anterior, en el 2005 la proporción de población urbana con marginación de nivel medio fue de 24.8%, de nivel bajo fue de 33.5% y de nivel muy bajo de 20.9%; mientras que en el 2010 los porcentajes fueron de 35.6%, 20.4% y 19.3%, respectivamente.
Asimismo, dentro de los desafíos para transitar a la sustentabilidad, es importante destacar el complicado proceso de transición a la democracia, que tiene un momento de inflexión en el movimiento estudiantil de 1968, del cual se deriva un proceso social que busca establecer un sistema electoral representativo de las diferentes fuerzas políticas del país. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, el establecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información en el 2003; la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. Y la Procuraduría General de la República (PGR), en aras de reafirmar en los ámbitos nacional e internacional, la convicción del gobierno de la República para combatir la corrupción abatiendo toda práctica de impunidad, el 12 de marzo de 2014 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, que tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de la PGR. Los cuales forman parte de los cambios necesarios para la vida democrática.
El Desarrollo Sustentable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que tuvo lugar en Estocolmo Suecia en 1972 fue la primera vez que participaron representantes de diversos países de todo mundo para analizar y discutir la problemática ambiental a nivel global, dando como resultado entre otros, la creación de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo que fue la encargada de redactar, en la década de los años ochenta del siglo pasado, el famoso “Informe Brundtland” de 1987, que dio origen al concepto de desarrollo sustentable:
“El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1987:24).
Este concepto tuvo diversos antecedentes como la amenaza de la destrucción ecológica, la extinción de especies, el aumento de la contaminación, el cambio climático y los daños a la capa de ozono, claras evidencias que mostraban que el modelo de desarrollo distaba de ser el adecuado, por lo que el concepto de desarrollo sustentable, surgió como una alternativa para mejorar el sentido equitativo y justo del desarrollo, sin provocar el deterioro del medio ambiente.
De tal forma que el desarrollo sustentable plantea la satisfacción continua de las necesidades presentes y futuras, alcanzar un equilibrio e interacción entre los aspectos, social, económico y ambiental que permita una distribución igualitaria de recursos y el acceso de oportunidades para las comunidades más vulnerables.
Este equilibrio conlleva a un crecimiento económico con estrategias productivas que apoyen el progreso social y respeten el medio ambiente, lo cual exige la adopción de políticas locales y globales orientadas hacia la sustentabilidad, así como la participación activa de la comunidad, organizaciones sociales, instituciones educativas, económicas y políticas en los procesos de diálogo y toma de decisiones respecto al presente y futuro de las comunidades locales, regionales y nacionales.
Además implica un cambio en la educación, nuevas formas de pensar y actuar y la aplicación de nuevos modelos con una visión holística, que promuevan el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y una mejor calidad de vida de las personas.
A partir del surgimiento del concepto del desarrollo sustentable, se han puesto en marcha distintas iniciativas que permitan lograr el objetivo de reorientar el actual modelo de desarrollo dentro de las cuales destacan por su importancia:
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, que surgieron como resultado de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre del año 2000 en Nueva York.
Un total de ocho objetivos de desarrollo internacional que 192 miembros de las Naciones Unidas y una serie de organizaciones internacionales acordaron alcanzar para el año 2015 con el fin de reducir la pobreza extrema, reducir las tasas de mortalidad infantil, luchar contra epidemias de enfermedades, como el VIH/SIDA, y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Al concluir el período de vigencia de los ODM, en septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, después de un amplio proceso participativo, en el que formaron parte representantes de estado miembros de las Naciones Unidas, sociedad civil, sector privado y la academia.
La Agenda 2030 comprende 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) estructurados en 169 metas, la descripción de los ODS tiene como eje central a las personas, el planeta, la prosperidad, la participación colectiva y la paz con el propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia, y garantizar la protección del medio ambiente y sus recursos naturales.
La Agenda 2030 es universal y transformadora un plan de acción ambicioso para redirigir al mundo hacía un futuro sostenible, retoma los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y es una oportunidad para desarrollar nuevos procedimientos e intensificar esfuerzos que logren incidir en el cumplimiento de las metas y aspiraciones planteadas por la comunidad internacional.
El cumplimiento de los ODS requiere el fortalecimiento de vínculos y el involucramiento de los diversos actores: sociedad civil, gobiernos, sector privado, y sector educativo para generar y la formular políticas públicas, y estrategias que permitan actuar con urgencia en la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los ODS.
En lo que respecta a la educación superior, las instituciones académicas tienen un papel fundamental como promotoras del desarrollo sustentable, ya que son responsables de implementar y desarrollar procesos para enfrentar los desafíos actuales que aquejan a la sociedad.
De tal forma que funciones como la docencia, y la investigación son punto clave para lograr una transición hacia un futuro más sustentable, así como la incorporación de estrategias y programas educativos para el desarrollo de competencias y saberes que permitan la formación de profesionales agentes de cambio, generaciones más conscientes ante la problemática ambiental que sean capaces de abordar aspectos relacionados el cumplimiento de los ODS.
